Tras ser evaluado por el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, el gobierno municipal de Tulancingo es una de las 27 alcaldías certificadas en Valuación Catastral.

 

En este contexto, el presidente Fernando Pérez Rodríguez acompaño a funcionarios de la Secretaría de Tesorería y Administración que están adscritos a la Dirección de Catastro para recibir la acreditación de fin de curso con duración de 20 horas.

 

En evento convocado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal se entregaron las certificaciones que avalan cumplir con lo establecido por el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, organismo rector.

 

Para ser certificado, el gobierno municipal  (a través de su área de Catastro), tomó el curso denominado “Modernización en la Valuación Catastral”, en el cual se ofrecieron valiosas herramientas para estimar el valor de un predio con o sin construcción, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

 

De manera especial el curso convoco al Jefe de Oficina Oscar Dany Olvera Sánchez, cuya responsabilidad es verificar la correcta elaboración de los avalúos catastrales.

 

El curso  fue  divido en 5 módulos comprendiendo como temas: Conceptos Generales de Valuación Catastral, Técnicas de Medición, Factores mérito y demerito  en una edificación  así como  clasificaciones de construcción e igualmente cálculo de valor catastral y formato de avalúo.

 

En los términos de Ley de Catastro del Estado de Hidalgo ahora son factores importantes para el avalúo los términos: Demerito (según el estado actual, ubicación,  orientación y conservación del bien inmueble) y Mérito (cuando hay condiciones favorables del terreno, e incluye instalaciones especiales u otros bienes).

 

Anteriormente, el valor catastral solo era basado en tipo de construcción, la superficie del predio.

 

Cabe mencionar que mensualmente, el Catastro de Tulancingo emite alrededor de 250 avalúos, siendo los mayores solicitantes notarios públicos, de ahí que sea importante  que este trámite se ajuste a lo estipulado por el Instituto Catastral para protección de los intereses de los usuarios, así como garantizar la existencia de procesos de revisión para la correcta elaboración del avalúo.

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