Alejandro Tenorio Pastrana, Contralor Municipal informó que en este año, la presentación de declaraciones patrimoniales del gobierno municipal de Tulancingo será en dos bloques. El primero en abril y uno más en mayo.
Para evitar saturación en el sistema y considerando que se tiene tiempo acotado, en abril corresponderá la declaración patrimonial a servidores públicos que cumplieron la presentación inicial o por primera vez (hace algunos meses).
El Contralor dijo que al entrar en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos deberán cumplir con la obligación de presentar su declaración patrimonial.
En mayo, será el turno de aquellos funcionarios que entregaron su declaración desde el inicio de la administración.
Tenorio Pastrana informó que para ambos bloques, la declaración patrimonial deberá realizarse a través de un sistema digital que comparte el gobierno del estado, el cual es un apoyo que se formalizó vía convenio y que permite al municipio utilizar parte de la plataforma mediante la liberación de un nodo que será administrado por la administración.
En mayo, los servidores públicos deberán indicar modificaciones en caso de que su patrimonio haya tenido variantes (desde el periodo de declaración inicial, a la fecha).
Se recordó que el municipio presenta más de mil 200 declaraciones patrimoniales y dentro de ese amplio volumen también se incluyen simplificadas que van enfocadas a trabajadores sindicalizados.
La declaración patrimonial se integra por cerca de 60 páginas, de acuerdo a los nuevos formatos publicados en noviembre del 2018.
En aquellos casos donde la persona no está familiarizada con el ramo tecnológico, la Contraloría pidió por oficio a las Secretarías asignar un enlace y este sea el encargado de dar asesoría directa a cada una de sus áreas.
Especialmente personal de campo que dista mucho del conocimiento informático.
De no cumplir la presentación de declaración patrimonial, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones por omisión.
Estas sanciones van desde el inicio de un procedimiento administrativo, que puede terminar con suspensión temporal o definitiva del cargo, así como despido.
