Ante recientes declaraciones vertidas por el regidor Pedro Hiram Soto Márquez en donde se realizan serios señalamientos que carecen de sustento y veracidad en contra de su persona y servidores públicos, el presidente Fernando Pérez Rodríguez informó que se actuara conforme a derecho pues existen elementos suficientes para responder ante difamaciones por el supuesto ejercicio indebido del servicio publico, cohecho y peculado.

El alcalde desmintió que el recurso recientemente aprobado por el Ayuntamiento para fines de modernización del sistema catastral vaya a ser destinado al pago de bonos a regidores al concluir la actual administración municipal.

Integrantes del Ayuntamiento, indicó se mostraron sorprendidos y molestos ante tales declaraciones y se considera que el tema tiene un trasfondo político mas allá de cuidar el erario publico.

El ejecutivo indico que, en atención a la normatividad estatal, la actualización del catastro debe realizarse de manera periódica pues la dinámica de la ciudad tiene cambios y lo más importante es que este programa no implica heredar adeudos.

En lo referente a que el supuesto bono para regidores seria cubierto con recursos de la feria, el mandatario negó tal situación pues en cada edición ferial se han presentado estados financieros detallados por conceptos y siempre ha existido transparencia que puede ser cotejada con documentación que lo avala.

El alcalde Tulancinguense atribuyo este actuar del regidor a los tiempos políticos en donde se busca denostar para atraer la atención de la prensa y para generar polémica y denostación ante la ciudadanía, a través de señalamientos infundados.

Finalmente, el presidente Fernando Pérez reitero su compromiso de seguir trabajando por Tulancingo a fin de entregar un municipio en las mejores condiciones y sobre todo con finanzas sanas.

Las acusaciones manifestadas en contra del mandatario local son equivocadas en forma y en fondo involucrando a diversas personas que haran la defensa correspondiente.

Se reconoció al Ayuntamiento local por su compromiso con la legalidad y sobre todo con la honestidad para no incurrir en actos discrecionales que impliquen afectación al erario.

Todo lo actuado ha sido consensado al interior del cabildo, tal y como lo señala la normatividad interna y la de observancia general.

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